Con Kahler y la defensa por demencia, parece bastante sencillo prever cómo una decisión favorable al peticionario podría afectar la jurisprudencia en el futuro: los estados no tendrían la opción de erosionar o eliminar la defensa por demencia.
Una decisión favorable al peticionario en Gamble también tendría dimensiones constitucionales evidentes a partir de su cuestión principal, pero podría —quizá— tener efectos más sutiles. Uno de esos efectos podría involucrar los procedimientos por violación de la libertad supervisada.
En la situación jurídica actual, los acusados pueden (y con frecuencia lo hacen) enfrentar tanto enjuiciamientos estatales como revocaciones de libertad supervisada federal por delitos que cometen mientras cumplen períodos de libertad supervisada federal (posteriores a su liberación de prisión por condenas federales previas). Estos enjuiciamientos duales pueden y suelen dar lugar a sentencias consecutivas, de modo que los acusados reciben largas condenas de prisión por un solo delito. Por ejemplo, un acusado liberado de prisión federal puede tener que cumplir un período de tres años de libertad supervisada (algo similar a la libertad condicional, aunque el sistema federal no cuenta con libertad condicional propiamente dicha). Si ese acusado vende drogas mientras está en libertad supervisada, puede ser procesado en un tribunal estatal por el nuevo cargo de drogas y, además, enfrentar la revocación de su libertad supervisada federal y otro período de reclusión federal por la violación de dicha libertad. Ese período de custodia federal puede ordenarse para cumplirse de forma consecutiva a la condena estatal por drogas, aunque ambas sentencias se impongan por la misma venta de drogas.
Con Gamble pendiente, cabe preguntarse: ¿podría una decisión favorable al peticionario en Gamble tener efecto sobre estas sentencias consecutivas por violación de libertad supervisada federal? La cuestión no se presta a una especulación sencilla. La jurisprudencia sobre violaciones de libertad supervisada sugiere que los tribunales podrían eludir el problema —sin importar la decisión que emita la Corte en Gamble— alegando que la condena por violación de libertad supervisada no se basa realmente en un nuevo enjuiciamiento acumulado al cargo estatal. Más bien, según esta teoría, las violaciones de la libertad supervisada se vinculan con el cargo federal original que dio lugar al período de libertad supervisada, el cual es anterior y no guarda relación con la conducta posterior de venta de drogas.
No obstante, la petición en Gamble aborda la idea de que la excepción de soberanías separadas a la Cláusula de Doble Enjuiciamiento se basa en la reivindicación de los intereses de soberanías distintas. No parece nada seguro que Gamble mantenga intacta la noción de que un conjunto separado de intereses de enjuiciamiento podría blindar las sentencias federales consecutivas por violación de libertad supervisada frente a impugnaciones… en caso de que la Corte Suprema elimine la excepción de soberanías separadas.
