René Nutter había dedicado décadas a forjar su carrera en el servicio federal. Ocupó un puesto ejecutivo. Se le confió la supervisión de importantes programas gubernamentales. Tenía un historial impecable. Era respetado por colegas y superiores.
Entonces, agentes federales se presentaron en su oficina con una orden de registro.
El gobierno alegó que René había usado su cargo para beneficiar a familiares involucrados en el sector hipotecario. Alegaron que tenía conocimiento interno de los cambios en el programa de la FHA y que compartía esa información para ayudar a sus familiares a obtener ventajas competitivas.
La evidencia parecía circunstancial, pero perjudicial.
Los fiscales federales tenían correos electrónicos entre René y sus familiares. Tenían registros telefónicos que mostraban llamadas antes de anuncios de programas importantes. Tenían evidencia circunstancial que sugería que René podría haber influido en decisiones que beneficiaron a la empresa de sus familiares.
El gobierno presentó esto como un caso clásico de corrupción pública: un miembro del gobierno que usaba su cargo para beneficio personal.
René enfrentaba décadas en una prisión federal. Su carrera en el servicio público habría terminado. Su reputación quedaría destruida. Su familia quedaría devastada financieramente.
No se trataba solo de eludir cargos penales. Se trataba de proteger a un servidor público dedicado de los excesos de la fiscalía.
Fase 1: Comprender la teoría del gobierno
El caso de la fiscalía se basó en el supuesto de que René tenía el deber de evitar cualquier apariencia de conflicto y que las comunicaciones con sus familiares constituían automáticamente corrupción.
Necesitaba comprender las normas éticas federales mejor que los fiscales.
Contraté a expertos en ética y exfuncionarios del gobierno para analizar las funciones reales de René y las obligaciones éticas específicas de su cargo. Más importante aún, investigué cada comunicación que el gobierno alegaba como prueba de corrupción.
Fase 2: Impugnar el fundamento del caso
Esto es lo que el gobierno no quiso reconocer: el trabajo de René le exigía comunicarse con participantes de la industria, incluyendo empresas para las que trabajaban sus familiares.
Reuní pruebas que demostraban que todas las comunicaciones de René formaban parte de sus funciones oficiales y se realizaban a través de los canales adecuados. Nada se ocultaba. Nada era secreto. Todo estaba documentado en los sistemas gubernamentales.
El gobierno intentaba criminalizar las funciones laborales normales porque no les gustaban las conexiones familiares.
Fase 3: Exponer la Ausencia de Intención Corrupta
La corrupción pública requiere prueba de intención corrupta: un quid pro quo donde las acciones oficiales se toman a cambio de un beneficio personal.
Documenté que René no recibió ningún beneficio personal de ninguna de las acciones que el gobierno calificó de corruptas. La empresa de sus familiares tuvo éxito gracias a sus propios méritos y a las condiciones del mercado, no a información privilegiada ni a un trato preferencial.
Más importante aún, demostré que las acciones oficiales de René eran coherentes con la política gubernamental y habrían sido las mismas independientemente de sus vínculos familiares.
Fase 4: Atacar la Cronología del Gobierno
La fiscalía alegó que René compartió información que les dio a sus familiares una ventaja injusta. Pero el tiempo lo es todo en los casos de corrupción pública.
Contraté investigadores para reconstruir la cronología exacta de los hechos. ¿Cuándo obtuvo René la información? ¿Cuándo se comunicó con sus familiares? ¿Cuándo se anunciaron públicamente las decisiones?
Los resultados desmintieron la teoría del gobierno. En la mayoría de los casos, la información ya era pública o habría estado disponible para cualquier participante de la industria que estuviera prestando atención.
Fase 5: Obligar al Gobierno a Demostrar su Caso
Los fiscales federales están acostumbrados a que los acusados se declaren culpables de cargos de corrupción pública en lugar de combatirlos. El estigma social y las consecuencias profesionales suelen obligar a los empleados públicos a aceptar acuerdos con la fiscalía.
Le aconsejé a René que rechazara todas las ofertas de acuerdo con la fiscalía. No estábamos negociando con la verdad. Si el gobierno creía que tenían un caso de corrupción, podrían probarlo en los tribunales.
Me preparé para demoler su caso pieza por pieza, testigo por testigo, documento por documento.
Seis meses antes del juicio, el gobierno presentó una moción para desestimar todos los cargos.
Desestimación total. Sin acuerdo de culpabilidad. Sin acuerdo de cooperación. Sin admisión de irregularidades. Sin antecedentes penales.
La fiscalía se dio cuenta de que no podía probar la intención de corrupción más allá de toda duda razonable. Su caso se basaba en sospechas y relaciones familiares, no en pruebas de corrupción real.
René conservó su trabajo, su autorización de seguridad y su reputación intacta.
La desestimación transmitió el mensaje de que los fiscales federales no pueden destruir la carrera de un empleado del gobierno solo porque no les gusten las conexiones familiares o las relaciones comerciales.
Más importante aún, protegió a un servidor público dedicado que no había hecho nada malo, salvo tener familiares que trabajaban en una industria que él regulaba.
Los casos de corrupción pública se ganan o se pierden por la intención. Este caso demostró que la comunicación y las relaciones familiares no equivalen a corrupción cuando no hay pruebas de quid pro quo o beneficio personal.